COFE presentará recurso de inconstitucionalidad por artículo sobre licencias médicas

“Con la instrumentación del nuevo régimen de licencias médicas, el gobierno persigue como principal objetivo el de recortar a costa de la salud de los trabajadores”, sostuvo la confederación. Aseguraron también que el nuevo sistema de certificaciones médicas es inconstitucional y anunciaron acciones para recorrer el camino de la inconstitucionalidad del artículo incluido en la rendición de cuentas.

Para COFE, el nuevo sistema de certificaciones médicas “constituye una rebaja salarial” y afirman que abogados especializados, tanto en el derecho constitucional como administrativo, sostienen que es contrario a la Constitución de la República.

La Confederación declaró que “la tijera del gobierno de coalición no tiene límites y avanza sobre los derechos y las políticas sociales, perjudicando a los trabajadores en los momentos en los que la situación económica de la familia es más compleja, ya que cuando se transita una enfermedad se generan gastos adicionales que afectan la economía familiar”.

Según explican desde COFE, los cambios que se le hicieron al proyecto original del Poder Ejecutivo en el parlamento establecen que durante la enfermedad habrá 9 días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento, mientras que a partir del décimo día se percibirá el 75% del salario. Para COFE, eso significa “una rebaja salarial del 25%”.

“Para el gobierno de coalición, calculadora en mano, esto significa un posible ahorro de 90 millones de dólares. Detrás del discurso de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos”, indicó la Confederación.

Rechazaron el hecho de que la medida se aplique sobre la Administración Central y los servicios descentralizados que han sufrido, en estos últimos dos años y medio, “la política de ajuste más regresiva del gobierno”.

Con estos ajustes, sostiene COFE, habrá “recortes de inversiones, cese de contratos, recorte de más de 3.000 puestos de trabajo, cierre de oficinas en todo el país, principalmente en el interior, desmantelamiento de los servicios, supresión de políticas sociales y reducción de gastos de funcionamiento, entre otros”.

“Desde COFE hemos realizado propuestas concretas que ninguna fue considerada por el gobierno ni los legisladores. Consideramos que el foco debe estar en otro lado y no en el recorte y perjuicio generalizado”, opinó la confederación.

Entre las propuestas que presentó COFE está la de instalar los servicios de prevención y salud en los organismos públicos; un análisis serio y profundo de la determinación de las causas de las enfermedades y la vinculación a la tarea desempeñada, adoptando las medidas preventivas necesarias; dotar de personal y recursos adecuados al departamento de certificaciones de ASSE de forma que puedan realizarse los controles necesarios ante una situación de enfermedad; que efectivamente los organismos convoquen a las juntas médicas en los plazos previstos; que se establezca la destitución del funcionario en caso que se falsee la realidad; instrumentar el cruzamiento de datos obligatorio de todos los organismos públicos con BPS y un sistema de auditoría y control adecuado. También proponen instrumentar un sistema gradual donde en una primera etapa el foco sea la mejora de los controles y seguimiento para luego, de ser necesario, analizar otras formas de abordar la situación.

“Todas estas propuestas fueron ignoradas por el gobierno, cuya posición se centraba únicamente en el número final de recorte presupuestal”, dijo COFE.
Sostienen que “el propio BPS ha reconocido las dificultades para gestionar el nuevo sistema de licencias médicas en el sector público. A esto se suma que, al momento de la certificación médica, en cada prestador de salud no se identifica al médico tratante, lo cual genera más dificultades para gestionar el nuevo sistema”.

Por último, argumentan que la nueva Ley de Rendición de Cuentas no tránsito ningún ámbito de negociación colectiva, “incumpliendo la Ley 18.508, de negociación colectiva del sector público”.