Colegio de Abogados de Maldonado analiza información sobre alquiler y compra de inmuebles por parte de la SCJ y realizará Asamblea Extraordinaria

“Los inmuebles escogidos resultan inadecuados para la correcta y digna prestación del servicio de Justicia, tanto para los operadores como para los justiciables”, señala un comunicado emitido en las últimas horas por el Colegio de Abogados de Maldonado (CADM).

El Colegio de Abogados de Maldonado apeló al mecanismo del acceso a la información pública para conocer la totalidad de los procedimientos administrativos seguidos por la Suprema Corte de Justicia para adquirir y arrendar varios inmuebles en el departamento.

La comisión directiva del colegiado de abogados fue mandatada para accionar de esta forma por la asamblea extraordinaria de sus socios celebrada el 10 de mayo de 2023.

Tal como informó Correo de Punta del Este la Suprema Corte de Justicia adquirió el local de la esquina noreste de las calles Román Guerra y Arturo Santana de la ciudad de Maldonado. En ese lugar fueron alojadas diversas sedes judiciales. A mediados del año pasado, se llevó adelante por parte del Poder Judicial un llamado a interesados para la venta de un predio delimitado por las avenidas Santa Teresa, Joaquín de Viana, 3 de Febrero y la calle Román Guerra de la capital.

El llamado a los interesados fue aplicado mediante el mecanismo de compra directa por excepción habida cuenta de la necesidad de hacerse de un inmueble en el corto plazo para ubicar en el mismo las sedes judiciales del foro civil que antes se encontraban en el edificio San Lázaro.

Correo de Punta del Este también informó del alquiler acordado por la Suprema Corte de Justicia con la familia propietaria de un local de la calle 25 de Mayo, lindero a otro local donde funcionan los tres juzgados de paz departamentales y que son propiedad de la misma familia.

Discrepancias
El planteo del Colegio de Abogados de Maldonado también quiere acceder al cumplimiento de normas relativas a accesibilidad, prevención de riesgos laborales, habilitaciones de Bomberos y Municipal a la hora de alquilar y comprar los inmuebles en la ciudad de Maldonado.

“De la respuesta brindada y de recientes publicaciones en redes sociales se infiere que la Corte pondera los cambios realizados como una mejora en la prestación del servicio de justicia en nuestro departamento”, sostuvo el Colegio de Abogados de Maldonado en un comunicado emitido en las últimas horas.

“El CADM discrepa radicalmente con tal visión, ya que por carencias de infraestructura y accesibilidad, los inmuebles escogidos resultan inadecuados para la correcta y digna prestación del servicio de Justicia, tanto para los operadores como para los justiciables, por lo que en el día de la fecha la Comisión Directiva ha resuelto convocar a una nueva Asamblea Extraordinaria para el día 28 de junio de 2023 a los efectos de analizar la respuesta brindada por la SCJ y la posición a adoptar por el CADM, y comunicar a la opinión pública”, agrega el comunicado.

Versión oficial
Por su parte, desde la Suprema Corte se publicó una nota en su web donde afirmó que la "compra de inmuebles en Maldonado genera importante mejora en la gestión del gasto público y determina la prestación del servicio de Justicia en un entorno digno, seguro y tecnológicamente avanzado".

"El Poder Judicial adquirió, por medio de procedimientos de compra públicos y abiertos, dos inmuebles en la ciudad de Maldonado logrando así reducir la costosa matriz de arrendamientos que mantenía en ese Departamento. Con una inversión promedio de 51.508 pesos por metro cuadrado (USD 1.275 por metro cuadrado al momento de la oferta), muy por debajo del promedio del mercado inmobiliario departamental e incluso nacional, y con la correspondiente intervención del Tribunal de Cuentas de la República, el Poder Judicial compró la espaciosa unidad 001 de la esquina de Román Guerra y Arturo Santana (lugar donde hace algunos años funcionaron los juzgados penales) y la unidad 002 del mismo padrón, ubicando allí respectivamente a los Juzgados Letrados de 1º, 3º y 8º Turnos (Familia), y a la Oficina Central de Notificaciones y archivos.

Estas sedes se encuentran funcionando en sus nuevas ubicaciones desde el pasado mes de abril con nuevo y moderno mobiliario, climatización, redes de datos y eléctrica certificadas, luminarias led y habiendo ejecutado obras para mayor accesibilidad (rampa, barandas, modificaciones de puertas, baño accesible, reubicación de columnas de alumbrado público, etc) y donde además se prevé la incorporación de un elevador.

También se realizaron procedimientos públicos y abiertos para el arriendo de otros dos inmuebles a los efectos de dar asiento a las sedes Civiles y Laborales. Como resultado se alquilaron oficinas en el Edificio Arcos del Vigía, ubicado en la calle Zelmar Michellini, entre 25 de Mayo y Rafael Pérez del Puerto (donde otrora funcionó la Defensoría Pública), instalándose allí los Juzgados Letrados de 7º y 9º Turnos (Laboral), y se alquiló también el amplio inmueble de la calle 25 de Mayo nº 723, donde ya están funcionando los Juzgados Letrados de 5º y 6º Turnos (Civil) junto con el archivo de protocolos, y donde también se le ha cedido en comodato un espacio de oficina al Colegio de Abogados de Maldonado.

Mediante la compra y alquiler de estos inmuebles, el Poder Judicial dejó de alquilar el edificio San Lázaro, ubicado en Sarandí casi Ledesma, luego de 21 años de uso de dicho inmueble y dando cumplimiento al último de los contratos de arrendamiento con plazo de 8 años. Dicho arrendamiento, que en el último ejercicio ascendía a 1.128.919 pesos mensuales (USD 28.947 mensuales) era el más elevado de todo el país, y en un inmueble con importantes problemas edilicios que, entre otros, obligó en 2019 a que la SCJ declarara tres días inhábiles luego de la intervención de Bomberos y de UTE por importantes filtraciones de agua en varios sectores, debido a la rotura del tanque de abastecimiento ubicado en la azotea del edificio; sumado a otros problemas de mantenimiento cuyo tratamiento requirió incluso acudir a la órbita judicial.

Con esta reorganización de sedes de la ciudad de Maldonado, en el marco del plan de optimización de la matriz de arrendamientos que lleva adelante la Corporación a nivel nacional, se consolida una importante incorporación de inmuebles en propiedad, con una optimización del gasto que permite amortizar las inversiones realizadas en un plazo récord de 3 años y medio, en virtud del abatimiento de 859.419 pesos mensuales en alquileres. Asimismo es importante destacar que los valores por metro cuadrado de los nuevos alquileres que se han celebrado para asiento de las sedes Civiles y Laborales de Maldonado, son en promedio un 50% inferiores a los valores que se venían pagando en el departamento.

No obstante estas importantes mejoras, no solo a nivel de la eficiencia del gasto sino principalmente en cuanto a la calidad de las instalaciones y por ende del servicio prestado a la ciudadanía, la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo ha venido haciendo, continuará solicitando en las próximas instancias presupuestales los créditos necesarios para continuar con la construcción de las siguientes etapas del Centro de Justicia de Maldonado, a los efectos de contar con la infraestructura edilicia oportunamente planificada y diseñada para las necesidades de dicho Departamento".



fuentes: Correo de Punta del Este y SCJ