Ediles del FA judicializarán expediente del PAI Marina Beach y también interpondrán recurso en el parlamento

En la sesión ordinaria de esta semana, el legislativo departamental –con votos blancos solamente y tras una larga discusión- aprobó el proyecto de decreto remitido por la intendencia relacionado al PAI Marina Beach para determinados padrones de la sexta sección catastral. Este jueves, la bancada de ediles del FA informó, en conferencia de prensa, que recorrerá dos caminos: por un lado se plegarán a la campaña de firmas que ya recolectan vecinos y que busca reunir al menos mil rúbricas para interponer el mecanismo de impugnación previsto en el art. 303 de la Constitución; por otro, “judicializarán el expediente”, lo que en los hechos significa elevar los antecedentes de las actuaciones a la justicia para que ésta determine si hubo conductas u acciones reprochables desde el punto de vista legal.

El edil Joaquín Garlo (MPP) había iniciado el debate del martes pidiendo que el expediente volviera a comisión por varias razones, entre ellas que faltaban folios, y así poder subsanar los errores administrativos.

Su compañero de bancada Fermín de los Santos (738) también había pedido que no se votara esa noche y cuestionó la celeridad con que los blancos habían tratado el tema en comisión y lo habían llevado al plenario. Asimismo, fustigó que el oficialismo no permitió que dos técnicos frenteamplistas fueran recibidos en la comisión para asesorar en el tema.

El único edil colorado tampoco votó el informe en mayoría firmado por los blancos y que daba anuencia al Ejecutivo para aprobar la resolución vinculada al emprendimiento.

En lo medular, el proyecto prevé la construcción de 26 casas y un hotel en una zona ubicada entre el balneario Buenos Aires y San Vicente, en padrones al sur de la Ruta 10. El Frente Amplio entiende también que esos terrenos son públicos pero que además tienen un fuerte impacto medioambiental que podría acarrear consecuencias “catastróficas”.

Los ediles frenteamplistas presentaron en la sesión un informe en minoría y no acompañaron a sus pares blancos, aunque los 21 votos del oficialismo fueron suficientes para aprobar el tema.

Ante esta situación, la bancada decidió iniciar acciones por la vía legal y, al mismo tiempo, unirse a vecinos que están en contra del proyecto y reunir firmas a los efectos de poder recurrir por el artículo 303 de la Constitución. En esa norma se establece que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento”.

Para Garlo “sobran los motivos” para no haber aprobado la iniciativa ya que, según explicó, hay más de una decena de incumplimientos a disposiciones legales nacionales y departamentales en materia de ordenamiento territorial”.