Protocolo de actuación de la Cámara Empresarial generó enfrentamiento entre Fosatti y Graziuso

En tanto, el reconocido jurista Gabriel Valentín, calificó de “inconstitucional” a la ley que fue tomada en cuenta para elaborar el protocolo.

Un duro enfrentamiento se registró en las últimas horas en el Partido Nacional a partir de la polémica desatada por la puesta en conocimiento de la ciudadanía del protocolo de actuación para problemas de seguridad elaborado por la Cámara Empresrial de Maldonado, con apoyo de otras entidades empresariales, y por representantes de organismos públicos.

El enfrentamiento fue protagonizado por la ex fiscal Gabriela Fosatti, quien milita en el sector liderado por Laura Raffo y por la doctora Adriana Graziuso, integrante del sector de Álvaro Delgado.

“Un protocolo que no nos representa a todos los blancos. Nunca entenderé el rol que le asignó Antía a una persona como Graziuso, esposa de Martín Clavijo, hermano de Omar Clavijo, cuyas actividades perseguimos enfáticamente. Un estilo discriminador irracional incompartible”, sostuvo la ex fiscal Gabriela Fosatti en su cuenta de X.

Las palabras de Fosatti fueron rechazadas por la actual directora de asuntos legales de la Intendencia de Maldonado, doctora Adriana Graziuso.

“Me sorprende. Sé que la doctora tiene un encono personal conmigo. Todos saben que fui denunciante siendo juez letrado porque ella tuvo una actitud hacia el Poder Judicial en audiencia. Fui denunciante y todo terminó en un sumario junto a otras denuncias que se le efectuaron. Pero ese es otro problema y ella fue trasladada a Rocha. Si tiene un problema personal conmigo yo lo entiendo, pero ella nunca entendió que yo era la juez letrada de feria en ese momento y se me debía el respeto necesario como institución Poder Judicial. Lamento que se caiga así en esa bajeza porque no se puede convivir así. Nosotros estamos trabajando”, expresó Graziuso.

INCONSTITUCIONAL
En tanto, el reconocido jurista Gabriel Valentín, Director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, calificó de “inconstitucional” a la ley que fue tomada en cuenta para elaborar el protocolo de actuación.

“La ley 10.071 era inconstitucional, y fue derogada por oposición superviniente al entrar en vigencia la Constitución del 42”, sostuvo en su cuenta de X.



fuente y foto: Correo de Punta del Este